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El año que apenas hemos dejado atrás ha estado marcado por un goteo constante de noticias a raíz de la DANA que golpeó la Huerta Sur de Valencia en octubre de 2024. La DANA dejó más de 220 muertes, miles de viviendas, comercios y campos de cultivo dañados o destruidos y kilómetros de infraestructuras viarias e instalaciones de servicios básicos arrasados. Pero más allá del impacto inmediato, la DANA puso en evidencia algo más profundo: el riesgo de inundación no es sólo una cuestión de lluvia, sino un reflejo de cómo hemos construido y gestionado nuestro territorio.
Los geógrafos y geógrafas hablamos de los paisajes de riesgo (riskscapes, en inglés) para referirnos al conjunto de condiciones y procesos que hacen que determinados territorios se vean más afectados que otros por episodios físicos extremos como son las inundaciones. En un paisaje de riesgo, los peligros físicos (como los 771 l/m² en 24 horas acumulados en la estación meteorológica de Turís el 29 de octubre de 2024), se entrelazan con las prácticas sociales, las políticas urbanísticas y las percepciones colectivas del territorio. Es decir, el riesgo no sólo es el fenómeno físico extremo, sino también el resultado de las decisiones que tomamos como sociedad. La DANA de Valencia lo demostró claramente. Las zonas bajas de la Huerta Sur y los barrios periféricos con menos infraestructuras de defensa fueron las más castigadas, mientras que la ciudad de Valencia y los espacios con mejores sistemas de drenaje, sufrieron daños menores y se han recuperado más rápidamente. Una desigualdad espacial y social que nos enseña cómo dentro de un mismo espacio conviven múltiples paisajes de riesgo según cómo interactúen factores como el nivel económico, el acceso a los servicios o la capacidad de organizarse de su población, junto con el papel clave que tienen en la gestión del riesgo las instituciones públicas.
Pasado más de un año de la catástrofe, da la impresión de que estamos lejos de lo que debía ser un punto de inflexión colectivo que integrara los aprendizajes de la DANA y situara la vida y las personas como ejes primordiales de la planificación territorial y la gestión de las emergencias. Pocas han sido las voces procedentes de las instituciones públicas que han cuestionado las causas estructurales que agravaron la catástrofe, como la falta de una planificación territorial metropolitana, las políticas de revitalización de centros urbanos degradados, o la contención en el consumo de suelo urbano durante décadas. La respuesta institucional sigue centrada en las medidas técnicas, mientras que las visiones que provienen de las asociaciones vecinales, la academia o las entidades ecologistas -a menudo más arraigadas a la memoria de las inundaciones pasadas y en el conocimiento del territorio-, reciben poca atención. Esta falta de diálogo genera un vacío entre la gestión oficial y las experiencias cotidianas del riesgo puesto que cada actor (administración, ciudadanía, campesinado, empresas privadas, ...) habita en un paisaje de riesgo diferente, con prioridades y percepciones propias.
La DANA de 2024 nos ha recordado, una vez más, que el riesgo forma parte del actual paisaje mediterráneo y que su reducción exige algo más que inversiones en tecnología: requiere justicia ambiental y social, memoria y participación. Recuperar la huerta como sistema vivo de drenaje e incorporar a las personas en la planificación y gestión del riesgo son pasos esenciales para seguir habitando en un paisaje de riesgo como es el del litoral mediterráneo, que entienda la seguridad colectiva no sólo con muros, balsas de laminación y canalizaciones, sino con vínculos sociales y nuevas formas de planificar e imaginar el territorio.
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